El 25 de junio pudimos conocer quiénes serían los encargados de albergar la máxima cita del fútbol femenino mundial en 2023. Poco más de un mes antes de que fuese anunciada la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda como elegida para acoger tal evento, Latinoamérica iniciaba una ardua campaña de apoyo a la solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol, pretensión que se extendió como un temporal a través de distintos sectores del continente, convirtiéndose en una lucha común entre jugadoras y aficionados.
Las aspiraciones cafetaleras estuvieron defendidas en primera línea por las jugadoras, una de ellas, Natalia Gaitán, capitana de “las chicas superpoderosas”, manifestó en sus redes: “Es la oportunidad ideal para que todos nos comprometamos y trabajemos juntos para el desarrollo y evolución del fútbol femenino en Colombia”.
Y es que si el fútbol femenino ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, pero ese crecimiento ha sido territorialmente muy desigual y ha rozado apenas las dificultades que aquejan las jugadoras latinoamericanas, aún marginadas por sus federaciones y obligadas a jugar en el extranjero ante la inexistencia de ligas nacionales propiamente consolidadas.
Es por esto que lo que comenzó como la aspiración de un pequeño país caribeño, se tornó en el gran sueño de la mayoría de países de la región.
Jugadoras de otra selecciones como Deyna Castellanos (Venezuela) y Aldana Cometti (Argentina) hicieron lo propio con mensajes de arenga y entusiasmo por la candidatura.
Ambas jugadoras, activas en equipos fuera de sus fronteras, asumieron esta como la oportunidad para sentar las bases de un fútbol que exige su profesionalización como regla y no como apellido.
El fútbol femenino en Sudamérica es espectador de precariedad laboral y abandono por parte de las instituciones, que se jactan de grandes cambios mientras las jugadoras carecen de condiciones mínimas para desempeñar su actividad de forma segura y con posibilidades de crecimiento y expansión futura.
El futfem pide a gritos una descentralización de la lucha que incluya desde el “equal pay” -necesario y justo- al “equal playing conditions” para que la diferencia entre un equipo u otro ya no dependa de los recursos disponibles sino de la capacidad del trabajo grupal e individual.
Únicamente así en Argentina las jugadoras ya no deberán decidir entre jugar o comer, con salarios insuficientes que las obligan a llevar una vida laboral convulsa -trabajos externos distintos del deporte- o abandonar sus lugares de residencia porque la primera división se juega solamente en la capital.
De esta forma, en Venezuela el fútbol femenino dejará de ser una realidad que los clubes asumen como obligación y muy pocos con la responsabilidad de facilitar lo básico (canchas en buen estado, arbitraje capacitado…) para sacar un proyecto adelante y ser una ventana de crecimiento para los jóvenes talentos. También podemos hablar de una liga colombiana que, pese a contar con salarios justos, es demasiado corta como para proveer lo suficiente a sus futbolistas, la mayoría de las cuales termina con más de dos empleos, especialmente si se trata de jugadoras que jamás han visto acción en el equipo nacional. Son ellas las más afectadas y las que menos cuentan con medios donde expresarse y denunciar.
Si bien la fantasía mundialista se vio truncada por una candidatura superior tanto económicamente como a nivel de infraestructuras, el objetivo de llevar el fútbol femenino latinoamericano a lo más alto sigue latente entre quienes creen en él.
En efecto, queda un largo camino hacia la humanización de este deporte para las mujeres sudamericanas, pero es una ruta que ellas han iniciado. Se unirá el mundo a esta causa?
@Yurelispaola_14